La industria del cine pide a los partidos políticos capacidad para bloquear webs que ofrezcan películas duarnte el periodo de estreno
El bloqueo del contenido de una página web podría acabar recayendo en una Agencia Española de Propiedad Intelectual. Es la propuesta en forma de enmienda que ha lanzado el Partido Popular a la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) y que presentan como el mal menor para hacer frente a la piratería.
Desde el PP se compara este organismo con la Agencia de Protección de Datos pero, en el texto de la enmienda, al que ha tenido acceso Público, se especifica que, aún dependiendo del Ministerio de Cultura, el nuevo organismo tendría sentadas en su consejo como vocales a las sociedades gestoras de derecho (SGAE y similares).
Fuentes del PP aseguraron a este periódico(Público) que otro consejo representaría los intereses de los fabricantes de equipos y consumidores, pero éste no aparece en el texto.
Cuestión de tiempo
El escaso éxito que puede augurarse a esta idea en su paso actual por el Congreso, puede ganar peso a partir del 23 de octubre en el Senado, donde el voto del PP necesita de muchos menos apoyos. Y para cuando vuelva la Ley al Congreso, las opiniones de los grupos parlamentarios podrían haberse dado la vuelta y con ello la norma, que tras las últimas enmiendas aprobadas el pasado martes defiende que sólo “Juzgados y Tribunales” son competentes para bloquear páginas web.
No hay que olvidarse que el Gobierno actual introdujo en la ley -para luego quitarlo- un artículo (17bis) que habilitaba a las sociedades gestoras a exigir a los operadores el corte de contenidos.
Pero no son sólo las gestoras de derechos las que quieren ser habilitadas para poder informar a los operadores de un contenido considerado ilícito. Según la normativa comunitaria, un operador no es responsable del contenido que alberga en sus servidores o fluye por sus redes hasta que tiene conocimiento efectivo del mismo. Y han aparecido otros grupos que esperan ser habilitados para informar al operador.
El lobby del cine
Diego López Garrido, Eduardo Zaplana, parlamentarios del PSOE, del PP, de ERC, de CiU, del PNV, responsables del Ministerio de Industria… Muchos y de variado color han sido los despachos que han recibido en las últimas semanas la visita del presidente de General Electric España, Mario Armero.
Lo ha hecho en representación, entre otras multinacionales, de la productora y distribuidora de películas NBC Universal, propiedad de General Electric, según confirmó el propio Armero a Público. La intención es lograr que la LISI recoja la posibilidad de que la industria cinematográfica, “cuando acredite que una película de estreno está en Internet y se están haciendo descargas masivas”, pueda dirigirse directamente a los operadores y solicitar el bloqueo sin intermediación de un juez.
El intento le pilló al principio a Armero con el pie cambiado, debido a la mala prensa que tiene esta postura cuando está a punto de aprobarse el canon digital, solicitado por las sociedades gestoras de derechos y cuyos ingresos irán a parar a éstas, y cuando son ellas mismas quienes más interés han puesto en la posibilidad de bloquear webs.
Pero la labor de Armero empieza a surtir efecto. De momento, el grupo parlamentario del Partido Popular se presentó esta semana en la comisión del Congreso defendiendo la propiedad intelectual como uno de los supuestos que justificarían la intervención de una web sin mediación de jueces, cuando ni el propio PP había incluido este supuesto en sus enmiendas.
Sí incluyó en plazo (que terminó el pasado 7 de septiembre) “la salvaguarda del orden público, la defensa nacional, la protección de la salud pública, el respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación y la protección de la juventud y la infancia”.
El pasado martes pidió que se pusiera a la misma altura que estos supuestos el derecho de protección de la propiedad intelectual. Argumentos: “La Justicia en España es lenta. La industria necesita que se pare la vulneración de la propiedad intelectual sin tener que llegar a la judicatura”, explica José Ignacio Echaniz, diputado del PP.
Increible, que una empresa pueda controlar las páginas webs y poder censurarlas sin la orden de un juez!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fuente: Público.
